Habitantes de la urbanización Santa Lucía de Duitama denuncian presunta vulneración de derechos


Boyacá
miércoles 18 de noviembre de 2026

Residentes Urbanización Santa Lucía de Duitama.


Decenas de familias aseguran ser víctimas de decisiones arbitrarias por parte de la administración del conjunto.


Una delicada situación fue denunciada por habitantes de la urbanización Santa Lucía, en Duitama, Boyacá, quienes aseguran estar enfrentando presuntas vulneraciones de sus derechos fundamentales debido a decisiones adoptadas por la administración de la copropiedad y el consejo de administración.

Según los residentes inconformes, desde hace varios años se vienen presentando conflictos relacionados con el manejo de las zonas comunes, las restricciones de acceso, la disposición de residuos, el cobro de cuotas de administración y el cumplimiento de los estatutos de la Junta de Acción Comunal y del reglamento de propiedad horizontal.

Los denunciantes manifiestan que han acudido a diferentes instancias, entre ellas el Ministerio del Interior, la Gobernación de Boyacá, la Procuraduría, la Contraloría y la Alcaldía de Duitama, sin obtener, según afirman, respuestas efectivas a sus reclamaciones.

Un caso que genera preocupación

Uno de los hechos que despertó mayor indignación tiene que ver con la situación de un residente cuyo hijo se encuentra en condición de discapacidad y requiere el uso permanente de pañales, pañitos desechables y otros elementos asociados a sus cuidados y tratamientos.

De acuerdo con el testimonio del padre, la administración mantiene bajo llave y con restricciones el shut de basuras, situación que le impediría disponer normalmente de los residuos generados en su vivienda.

El ciudadano asegura que, en algunas ocasiones, debe almacenar durante varios días los desechos en su apartamento, debido a que los contenedores solamente son habilitados en determinados momentos para su disposición.

Este episodio se convirtió en el detonante de una nueva protesta de los residentes, quienes consideran que ninguna norma de convivencia puede estar por encima de los derechos fundamentales, la dignidad humana y la protección especial que merece una persona con discapacidad.


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