Ciudadanos de Tunja piden hacer cumplir la Ley contra el Ruido
Boyacá
viernes 23 de octubre de 2026
Alcaldía Mayor de Tunja.
Habitantes manifiestan su inconformidad por el exceso de ruido generado por equipos de sonido, motocicletas y juegos pirotécnicos, y reclaman mayores controles por parte de las autoridades.
Ciudadanos de Tunja solicitaron a las autoridades municipales fortalecer los controles para garantizar el cumplimiento de la Ley 2450 de 2025, conocida como Ley contra el Ruido, ante las situaciones que, según los denunciantes, continúan afectando la tranquilidad de residentes y animales en diferentes sectores de la ciudad.
Los inconformes aseguran que las presuntas vulneraciones a la normativa están a la orden del día y señalan como algunas de las principales situaciones el uso de equipos de sonido a altos niveles para promocionar ventas, motocicletas con sistemas de escape que generan ruido excesivo y la utilización de juegos pirotécnicos.
De acuerdo con los ciudadanos, estas prácticas afectan el descanso y la convivencia, por lo que consideran necesario que las autoridades responsables de la aplicación de la norma adelanten controles y adopten las medidas correspondientes frente a quienes perturben la tranquilidad de la comunidad.
La Ley 2450 de 2025 establece medidas para prevenir y controlar la contaminación acústica y contempla sanciones frente a determinadas conductas que alteren la tranquilidad de las personas. Entre ellas se encuentran la reproducción de música a niveles excesivos y la realización de fiestas o reuniones que afecten el descanso de los vecinos.
Para 2026, la multa general tipo 4, de acuerdo con la referencia suministrada por los ciudadanos, equivale aproximadamente a $933.816, calculada sobre 16 salarios mínimos diarios legales vigentes, aunque el valor aplicable puede variar según la liquidación y la normativa correspondiente.
Los denunciantes advirtieron que, si sus reclamaciones no son atendidas, acudirán a los mecanismos legales disponibles, incluidos recursos administrativos y las actuaciones que correspondan ante las autoridades disciplinarias y judiciales, con el propósito de que se determine la eventual responsabilidad de los funcionarios o particulares involucrados.
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