El Tribunal Constitucional de Perú ordenó la libertad inmediata del expresidente Alberto Fujimuri
Mundo
miércoles 06 de diciembre de 2023
EFE / Francisco Medina
Sectores políticos y sociales nacionales e internacionales se mostraron descontentos frente a esta decisión.
El expresidente de Perú Alberto Fujimuri quedaría libre en los próximos días por orden del Tribunal Constitucional del país andino. Dicha medida fue tomada por el indulto que le entregó el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski en el 2017, quien sustentó que Fujimori presentaba problemas de salud por su avanza edad.
Sin embargo, la Corte Suprema de Perú anuló dicho perdón por petición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual declaró que los crímenes por lo que enjuiciaron a Fujimori eran de lesa humanidad.
En las últimas horas, el Tribunal Constitucional negó la competencia de la Corte IDH en este caso, por lo que ordenó la inmediata liberación del político peruano japonés. Frente a esta medida, el órgano internacional pidió que no se aplicará por el momento el fallo hasta comprobar si el indulto cumple con las condiciones establecidas para otorgarlo.
Además de los alegatos de la Corte IDH, asociaciones de víctimas y activistas de derechos humanos locales se mostraron en descontento por la decisión del Alto Tribunal, porque sienten que Fujimori no ha pagado las repercusiones económicas que le atribuyeron y no se ha disculpado con los familiares de las víctimas.
El exmandatario, quien gobernó al país andino entre 1990 y 2000, fue sentenciado a 25 años de cárcel por la muerte de 25 personas en dos casos emblemáticos: ‘Barrios Altos’ y ‘La Cantua’.
El primero ocurrió en noviembre de 1991, cuando seis hombres pertenecientes al Grupo Colina (que hacía parte del Ejército Nacional) irrumpieron en una fiesta en un pequeño apartamento en Lima. Estas personas mataron, según testimonios de uno de los integrantes, a 15 personas -incluyendo a un menor de 8 años-, pensando que eran miembros de la guerrilla Sendero Luminoso.
El caso ‘La Cantua’ ocurrió en julio de 1992, cuando miembros del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE) entraron a las residencias estudiantiles de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. La operación fue ordenada en respuesta a la explosión que propinó el grupo insurgente en el barrio Miraflores de Lima y que mató a 25 personas y dejó 200 heridos. De acuerdo con la fiscalía, los militares sacaron a nueve estudiantes y al profesor Hugo Muñoz Sánchez, quienes fueron asesinados y luego quemados para desaparecerlos.
Además de estos dos casos, Fujimuri fue sentenciado por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti, quien fue crítico de su gobierno, y el empresario Samuel Dyer. En abril de 1992, el comunicador fue sacado de su casa por el SIN y llevado a los sótanos de la cede de esta. Posteriormente fue liberado, gracias a la presión que ejerció Estados Unidos y otros países, y se exilió en ese país.
En julio de ese mismo año, Dyer fue arrestado por el SIN en el aeropuerto de Lima cuando se disponía a viajar a Estados Unidos. Sin una orden judicial, fue trasladado a los calabozos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) por presuntamente colaboración con Sendero Luminoso. Durante cuatro días fue interrogado y al ver que no había pruebas o justificaciones para dejarlo en ese lugar, el SIE lo dejó lo liberó en la calle. Tras este hecho, se fue a Estados Unidos.
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