Exregistrador Sánchez: “Estamos en tránsito de la ‘partidocracia’ a la ‘firmocracia’”


Opinión
domingo 21 de enero de 2018

Colprensa.


'La situación se debe a la pérdida de legitimidad de los partidos y movimientos políticos', dice.


El exregistrador nacional Carlos Ariel Sánchez, uno de los mayores expertos en el sistema electoral, analiza el fenómeno del uso –y abuso– del mecanismo que permite reunir firmas de respaldo de candidaturas para cargos de elección popular. Afirma que la reelección presidencial acentuó la débil legitimidad de los partidos para tener candidatos viables y acepta que quienes “instrumentalizan” a los firmantes a pesar de que cuentan con la maquinaria sus colectividades, no tienen sentido de ética pública.

Once aspirantes presidenciales, entre ellos varios destacados miembros de partidos tradicionales, buscaron el respaldo a su candidatura en firmas ciudadanas en lugar del aval de su colectividad. ¿Qué está pasando?

Pensaría, ante todo, en el agotamiento de un ciclo político de 16 años: dos reelecciones para cuatro períodos presidenciales durante el cual los partidos tradicionales (Liberal y Conservador), bastante disminuidos ya, perdieron legitimidad para postular candidatos presidenciales viables. De hecho, en las elecciones de 2002 y 2006 el candidato electo fue inscrito por grupos significativos de ciudadanos. En las de 2010 y 2014 fue inscrito por un partido (de la U, llamado así para evocar a su promotor) que también avaló al candidato electo. Los aspirantes por firmas, de hoy, son el resultado de esos antecedentes y por ello, aunque vengan de amplia y conocida militancia, dirección y representación partidista, van “por las firmas”.

Entonces, en su opinión, el abuso del mecanismo de las firmas, concebido para los ciudadanos sin poder y no para los “dueños” de los partidos, ¿se deriva de la reelección presidencial?

Se deriva del hecho de que los partidos no tuvieron mayor relevancia en la postulación de los candidatos que fueron elegidos en las reelecciones.

El total de firmas presentadas a la Registraduría tampoco tiene precedentes: 16’154.000. Usted fue registrador nacional durante dos períodos. ¿Es posible que 700 funcionarios puedan examinar la legalidad de una por una de esas rúbricas en menos de un mes, según afirmó el actual registrador Galindo (“desde el 13 de diciembre hasta el 15 de enero”)?

En promedio, un operario con experiencia en digitación y revisión hace el ejercicio, contra la plataforma de censo y Archivo Nacional de Identificación, de unas 900 firmas al día para determinar pertenencia al censo y correspondencia de número de cédula, con nombres y apellidos registrados. Esto quiere decir que si 700 personas experimentadas se emplearon en ese oficio, podrían haber revisado unas 630 mil firmas diarias y, en 30 días, 18’900.000. A esto debe sumarse un buen equipo de grafólogos que detecte la uniprocedencia (plana), justo después de que se confirmen los datos en el sistema.

¿A qué se refiere, exactamente, con la expresión “detectar la uniprocedencia”?

La uniprocedencia se presenta cuando una sola persona “firma” por un sinnúmero de ciudadanos. Ejemplo: toma una base de datos y utiliza los nombres, apellidos y números de cédulas allí registrados y firma como si fueran los dueños de esos datos los que lo hubieran hecho. Pero como se trata de una sola persona, al caso se le denomina uniprocedencia. Es una trampa y también se le llama “plana”, porque es un solo firmante y las hojas se ven como si éste hubiera llenado una plana: con la misma letra o con los mismos rasgos caligráficos.

Un vacío legal que ha favorecido el abuso del mecanismo de firmas como respaldo a una candidatura es el que permite que quien pone su nombre para apoyar una campaña, haga lo mismo dos, tres o cuatro veces más con respecto de otras campañas. Por supuesto, es una falsedad. ¿Está de acuerdo?

Eso es cierto y, seguro, en la revisión de firmas se detecta. Sin embargo, esta múltiple firma por distintos aspirantes no se rechaza, legalmente, debido a que el Consejo Nacional Electoral (CNE-Radicado 3881 de 2007) consideró que “ni la Constitución Política ni la ley se ocupan del tema… por lo que no existe prohibición alguna para que un ciudadano apoye con su firma la inscripción de más de un candidato…”.

Bueno, si la ley dejó ese vacío, no sólo debería entrar a operar la conciencia social del candidato, sino también la de los firmantes: si usted apoya con su firma a un candidato es porque cree en él; no es un juego, ¿los colombianos estamos mal de formación política y, por lo tanto, de ética pública?

Es verdad: falta ética. El concepto del Consejo Electoral dice, precisamente, que el problema es ético, no jurídico. Son tan hondas las debilidades de las afiliaciones partidistas, que la gente no le ve problema a firmar por varios candidatos, incluso de distintas ideologías o concepciones de país.

Habría otras “trampitas” que serían indetectables por la Registraduría, por ejemplo, ofrecer recompensas o prometer beneficios a quienes firmen, y, además, a quienes consigan las de 10 o más amigos o familiares. Eso es similar a la compra del voto. ¿Es cierto o se trata de una leyenda?

Es factible. Cuando la recolección de firmas tiene un valor, que por lo que se ve en las noticias de prensa fluctúa entre $450 y $1.500, quiere decir que hay un presupuesto para pagar esa actividad preelectoral.

¿La cifra de 16 millones de firmantes coincide con la de los ciudadanos inscritos en el censo electoral?

Corresponde a una cifra de un millón de votantes menos que la mitad del censo electoral, a 11 de diciembre de 2017: 36’011.052 votantes.

¿A usted le parece creíble que la mitad de las personas del censo electoral hubieran firmado en esas maratónicas jornadas de recolección, pero sin ningún control oficial?

No es creíble. Ha habido casos comprobados en que seis o siete candidatos de una ciudad o departamento que se querían postular por apoyos ciudadanos, recogieron una cifra de firmas superior a la del censo electoral del lugar. Es decir, aparecieron más firmantes que personas inscritas en el censo.

De cualquier manera, 16’154.000 firmas presentadas es un número superior en más de 300 mil al total de los votantes de la segunda vuelta presidencial de 2014 (15’818.214 electores). ¿Este resultado indicaría que el mecanismo de buscar apoyos espontáneos tiene mayor legitimidad popular que el de las urnas?

Como dije, lo que se puede concluir es que los partidos están perdiendo legitimidad para poder postular candidatos presidenciales viables. En otras palabras, es un tránsito de la partidocracia, a la firmocracia. El cada vez mayor número de candidatos por firmas viene a ser una especie criolla de decisionismo plebiscitario (del alemán Carl Schmitt) que emergió con fuerza en Colombia, reitero, en las elecciones presidenciales de 2002.

El examen de validez de las firmas tiene dos miradas: 1. Un número histórico de rúbricas válidas: 8’192.000; y, 2. Un escandaloso número de inválidas: los otros 8 millones. ¿Cuáles efectos prácticos se desprenden de estos dos fenómenos contradictorios y sorprendentes?

Desde cuando se impulsaba el referendo de la segunda reelección presidencial -y se decía que era respaldado por 5 millones de firmas, aunque, en verdad, no alcanzó los 4 millones-, se quiere imponer la idea de que la simbología de los millones de firmas puede legitimar cualquier iniciativa. Y en el caso de los candidatos, hacerlos, a estos, más legítimos. Sin embargo, no tiene ningún sentido de legitimidad que haya una firma aceptada por una firma o más de una rechazada.

¿Qué quiere decir?

Que no puede reclamar legitimidad un candidato con la mitad o más de la mitad de las firmas rechazadas que considere legítima la mitad o menos que le han sido aceptadas. Sobre todo cuando ha anunciado millones de firmas de respaldo que a la postre resultaron muchísimas menos.

Lo cierto es que examinada la columna de firmas presentadas por cada uno de los aspirantes, frente a su columna de firmas válidas, el resultado es penoso (ver parte superior de la página). Le pongo dos ejemplos: de 2’200.000 firmas que llevó Alejandro Ordóñez, sólo le aceptaron 841 mil, es decir, le invalidaron el 62 %. Al doctor Vargas Lleras le encontraron inválida la mitad de los 5’500.000 firmas que presentó. ¿Es falta de responsabilidad de los candidatos o incapacidad de control sobre los firmantes?

Hay incapacidad de control sobre los firmantes, pero como las normas no contemplan responsabilidades, hasta el momento no hay sanción posible más allá de la política que la sociedad pueda atribuirles a éstos, pero sobre todo a los candidatos o, en general, a los promotores de los mecanismos de democracia directa. Ahora bien, si no se imponen legalmente esas responsabilidades a los aspirantes, éstos seguirán recogiendo firmas con énfasis en los millones que acumulan, más que en la autenticidad de las mismas.

O sea, usted es partidario de imponer mayores controles…

Así es. La responsabilidad política la impondrá la ciudadanía. La personal, la ley. Hay mucho de engaño en lo que se presenta, mediante las firmas, como expresión de la voluntad popular. Y en todo caso, si hay interés, existe una forma simple de control: la plataforma del censo electoral es de acceso público y podría ser usada por las campañas para que, digitando una cédula, establezca si figura o no en el censo.

Si resulta más o menos cierto el valor de mil pesos por firma, significaría que se ha creado un gran negocio económico allí. Imagine usted que reunir 5 millones de firmas habría costado la enorme suma de $5 mil millones.

Lo que se ve es que la democracia se hace cada vez más costosa y compleja. Las cifras que se mencionan son ya públicas en los medios. Se observa que recoger firmas para ser candidato no es el objetivo: sólo es un instrumento más de campaña. Sorprende la noticia de que un partido político podría “adoptar” un candidato presidencial cuyas firmas le permitirían postularse sin necesidad de esa colectividad. O que personas que se postulan como candidatos por firmas, una vez logrado su propósito, quieran ser fórmulas electorales para la elección presidencial. Pregunta: ¿Estarán engañando a los que firmaron para que pudieran inscribirse? ¿Estarán “instrumentalizando” a los firmantes? ¿Por qué ningún firmante insiste en que se haga efectivo el propósito de la firma que impuso, mostrando su inconformidad con que su firma sea instrumentalizada?

La respuesta puede ser que para el firmante ese mecanismo es también sólo un negocio como lo es para los candidatos, ¿no cree?

Puede ser. O que quien firma no es consciente del significado de su apoyo: promover una candidatura independiente, no una candidatura instrumental al juego político tradicional.

Está claro que la ley tiene enormes vacíos. En consecuencia, ¿habría que eliminar la posibilidad de presentarse por firmas en Colombia?

El mecanismo de candidatos independientes por firmas no puede suprimirse. En el caso Castañeda Gutman vs. México (año 2008), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que la imposibilidad de ser candidato independiente por el mecanismo de la recolección de firmas viola el principio de igualdad en el ejercicio de los derechos políticos. Como indudablemente hay vacíos que han desnaturalizado tal procedimiento, deben proponerse algunas reformas.

¿Cuáles serían los puntos claves de esa reforma?

Debería establecerse un procedimiento de recolección y validación por la Registraduría en determinadas fechas, según sea el mecanismo de democracia directa que requiere firmas. Asimismo, debe prohibirse y, por lo tanto, anularse la firma múltiple de una persona, esto es, para distintos candidatos. Hay que incrementar los umbrales de firmas para candidatos a corporaciones de elección popular que hoy son muy bajos: una lista de Senado requiere 50 mil firmas, lo que posibilita que si son 100 candidatos, cada uno pueda recoger 500 firmas y cumplir el requisito. Igualmente, debe adoptarse un mínimo de firmas equivalente al 3 % de los votos de la última elección, en el caso de alcaldías de ciudades de más de un millón de habitantes.

¿Cuál es el porcentaje actual?

Por ejemplo en Bogotá, en donde se presenta un buen número de candidatos por firmas, hoy se exigen sólo 50 mil firmas. Si existiera el umbral del 3 % de la última votación que fue de cerca de 3 millones, la exigencia sería de 90 mil firmas, un número menos susceptible de que se desvíe el sentido del mecanismo.

Asombroso número de firmas inválidas

El cuadro oficial de firmas presentadas por los once aspirantes presidenciales de los cuales ocho fueron aceptados por la Registraduría para poder inscribirse como candidatos, dio un resultado asombroso: las declaradas inválidas, es decir, que adolecían de legitimidad, resultaron estar, en varias campañas, por encima del 50%.

Ahora, a inscribirse formalmente

De acuerdo con el comunicado expedido por la Registraduría Nacional esta semana después de que terminó la revisión de las 16 millones de firmas presentadas por once aspirantes presidenciales, solo ocho de ellos pasaron el mínimo exigido de apoyos ciudadanos que equivale a 386 mil, 148 firmas de personas registradas en el censo electoral, para poder inscribir sus candidaturas. Esta cifra equivale al 3% del total de los votos válidos contabilizados en la anterior elección para Presidente de la República. En el proceso de revisión, según el registrador Juan Carlos Galindo, se tuvieron en cuenta varios aspectos sobre cada firmante, entre otros, que los datos personales estuvieran completos y fueran exactos; que nombres, apellidos y cédulas coincidieran con los registros oficiales de la entidad; que estuvieran inscritos como votantes en elecciones anteriores y que las firmas no incurrieran en la uniprocedencia, como se denomina al intento de engaño de quienes firman por otros porque conocen sus datos pero sin que estos r


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