Gobernaciones y alcaldías tienen el mayor riesgo de corrupción


Boyacá
miércoles 26 de abril de 2017

Colprensa.


Corporación Transparencia por Colombia presentó obscuro panorama frente al manejo de los recursos públicos.


Los resultados de la evaluación ciudadana señalan que las entidades que portan los mayores riesgos en la rama ejecutiva son las gobernaciones y alcaldías de categorías menores, con calificaciones promedios de 51,0 puntos y 46 puntos sobre 100, respectivamente, y los sectores nacionales de Justicia, con una calificación promedio de 61,7 puntos sobre 100; Interior, con 62 puntos, y Agricultura y Desarrollo Rural, con 63 puntos.

Así lo sostiene la Corporación Transparencia por Colombia, mediante los resultados del Índice de Transparencia de las Entidades Públicas, que evalúa la gestión administrativa de las entidades entre enero 2015 y abril del 2016.

En esta oportunidad fueron evaluadas 167 entidades del nivel nacional (75 entidades), nivel departamental (32 gobernaciones y 32 Contralorías) y 28 municipios capitales.

Sectores

En la rama judicial, de las dos entidades evaluadas la Fiscalía obtiene una calificación que apenas alcanza los 50 puntos, mientras que en la rama legislativa el Senado obtiene 55 puntos. Es importante resaltar que tanto la justicia como la agricultura y el desarrollo rural serán determinantes en la construcción del país del posconflicto, y debe prestársele especial atención a estas entidades para que sus procesos sean transparentes y que un manejo corrupto de sus recursos o de los procesos que allí se lleven a cabo no le generen al país una nueva frustración.

Identificación

A través de esta metodología ciudadana de identificación de riesgos de corrupción, desde hace 15 años la Corporación le entrega al país y a las entidades públicas la identificación de riesgos de corrupción que ponen en peligro la gestión administrativa de estas entidades.

De acuerdo con Gerardo Andrés Hernández, director ejecutivo de la Corporación, “los corruptos y el crimen organizado han encontrado en la administración pública un escenario de oportunidad para no solo capitalizar recursos económicos, sino además para controlar el territorio y sus poblaciones. De esta manera la corrupción se expresa a través de la captura del Estado, donde controlar el sistema político y los procesos claves de la gestión administrativa, tales como la contratación pública y el empleo público entre otros, garantizan la manipulación de políticas públicas y provisión de bienes y servicios públicos”. Por esta razón el control social sobre los procesos administrativos es una contribución a la lucha contra la corrupción.

Esta evaluación ratifica que los avances e innovaciones normativas e institucionales no son suficientes para remover las prácticas clientelistas y abusivas de los procesos de la gestión pública. En lo formal Colombia avanza, y esas leyes modernas sin lugar a dudas cumplen un papel clave en la transformación de la cultura. Sin embargo, si no cambian las prácticas políticas y administrativas, las normas no serán más que otro vehículo para la frustración e incluso para la desinstitucionalización. Lograr un mejor Estado, que sea capaz de garantizar desarrollo en condiciones de integridad, obliga la acción de gobernantes, servidores públicos y ciudadanos.

Contratación

Entre las alertas que señala el informe se destaca en la contratación pública: mejora la publicidad de los procesos, siguen en deuda las garantías para la competencia y el cumplimiento de la supervisión.

La contratación directa representa 74 por ciento en el nivel nacional, 59 por ciento para el departamental y 41 por ciento para el municipal. (Tabla 1). Ahora bien, en el nivel territorial más de 50 por ciento de las licitaciones cuentan con un solo proponente, 59 por ciento en el nivel departamental y 53 por ciento en las alcaldías. En el nivel nacional el 91 por ciento de las licitaciones lograron 3 o más proponentes. En el apartado de la supervisión continúan las alertas: promedio de calificación por debajo de 20 puntos a nivel nacional y de 40 a nivel territorial.

De otro lado, el indicador de empleo público a nivel nacional logra una calificación promedio de 72 puntos sobre 100, lo cual da muestras de avances en esta gestión, pero en los municipios sólo alcanza 48 puntos y 52 en los departamentos. Los principales problemas del empleo público se concentran en las pobres estrategias de gestión institucional, la persistencia de exageradas brechas salariales y el crecimiento del número de contratistas. Este pareciera un tema inamovible en los contextos de clientelismo, pero por la misma razón es el punto de la gestión que más voluntad política requiere para ser reformado.

Asimismo, el informe destaca que en medio de este difícil panorama de la institucionalidad en el país es necesario destacar las 35 entidades evaluadas. Sin lograr calificaciones óptimas, estas muestran que han adoptado procesos institucionales con capacidad de controlar los riesgos de corrupción en los procesos de gestión, un primer paso indispensable para mejorar el panorama general. De igual manera, Transparencia por Colombia reconoce y resalta la labor que entidades nacionales y oficinas locales encargadas de la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción vienen adelantando de manera sistemática y con un alto sentido de lo público. Líderes de política pública y funcionarios públicos trabajan en políticas, estrategias y planes innovadores para ser aplicados en los contextos nacionales y locales. Su experiencia es valiosa y contribuye al aprendizaje colectivo.


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